El 'caso Cala Cortina' saca a la luz el choque entre dos forenses oficiales

La comparecencia del forense Alfonso Sánchez Hermosilla en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, el pasado 27 de abril, con la finalidad de aportar aclaraciones sobre las aparentes causas de la muerte de un vecino de Las Seiscientas, Diego Pérez, sirvió para desvelar la existencia de un duro enfrentamiento en el seno del Instituto de Medicina Legal (IML) de la Región a cuenta de este asunto.

Basta con ver el vídeo con la declaración de este especialista para intuir la tensión que el caso ha provocado en el seno de este organismo oficial. La causa hay que buscarla en la existencia de discrepancias sobre la posibilidad, más o menos remota, de que el fallecimiento de Diego Pérez pudiera haber tenido una causa accidental.

Esta hipótesis la descarta por completo el forense que realizó la autopsia al cadáver de Diego, y así lo hizo constar en su primer informe, en el que calificó la muerte como «violenta homicida». Una conclusión que provocó que seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena acabaran siendo detenidos y encarcelados -a día de hoy siguen en prisión- como sospechosos de haber participado en el asesinato de este hombre, tras haberlo llevado presuntamente a Cala Cortina en contra de su voluntad. De ahí que los policías también sean sospechosos de detención ilegal.

Sin embargo, mientras Sánchez Hermosilla sostenía que las lesiones que causaron el fallecimiento de Diego Pérez solo podían haber sido provocadas al serle retorcido el cuello empleando una gran fuerza y de forma intencionada, la subdirectora del IML, María del Carmen Sánchez Senac, remitió un escrito al juzgado a finales de octubre en el que se informaba de que «no procede la ratificación» de ese informe previo -el suscrito por Sánchez Hermosilla- y de que se iba a proceder a enviar «un nuevo y definitivo informe de autopsia, que será suscrito por dos peritos». Añadía que ese documento «sustituirá y complementará los informes de autopsia emitidos con anterioridad», lo que justificaba por el hecho de que «se han recibido en este IML los informes de toxicología, histopatología y demás pruebas complementarias remitidas al Instituto Nacional de Toxicología».

En ese nuevo informe, suscrito por Jesús Gómez García además de por Sánchez Hermosilla, se incluía ya una nueva hipótesis dentro de las 'Consideraciones Médico Legales'. En concreto, se insistía en que «la hipótesis más probable es que la etiología médico legal es violenta, presumiblemente homicida, aunque en menor medida cabe la posibilidad de que fuera violenta accidental». Unas conclusiones que 'desinflaban' en gran manera la versión oficial sostenida en un primer momento.

Aunque este nuevo documento está suscrito por Sánchez Hermosilla, en su comparecencia de la semana pasada dejó patente su completo desacuerdo con la hipótesis accidental formulada. Fue en el transcurso de un tenso interrogatorio con uno de los letrados de la defensa, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, que le hizo saber al forense que su subdirectora le había desautorizado: «A usted le han corregido, y bien», llegó a espetarle, y pasó a preguntarle si «ha habido otros casos en los que otro forense no haya ratificado sus informes».

-«No», respondió el experto.

-«Ya veo. Entonces es el primero», insistió el letrado.

Y como el forense insistió en que la muerte era homicida y que las probabilidades de que fuera accidental eran «muy remotas, tanto como que te toque el Gordo de la Lotería», Pardo-Geijo quiso saber por qué entonces se mantenía en ese segundo informe que la hipótesis accidental era posible, «aunque en menor medida».

Fue ahí cuando Sánchez Hermosilla advirtió de que «la autopsia la hice yo y nadie que no haya hecho la autopsia puede opinar». El letrado siguió insistiendo en el segundo informe, el remitido «por la señora Senac», y el forense fue más allá al afirmar que «ella no estuvo en la autopsia y no puede saber nada», además de instarle a que «pregunte a la persona que hizo el informe».

Esa discrepancia entre los peritos oficiales puede tener una gran trascendencia en la marcha del proceso, pues las defensas mantienen que Diego Pérez falleció accidentalmente al precipitarse desde un acantilado.